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Principio de acuerdo para los refuerzos policiales en las fiestas

Los representantes sindicales de las policías locales de Menorca se reunieron este lunes en Es Mercadal | ASPLM

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El acuerdo entre los policías locales y los ayuntamientos de Menorca para desbloquear el conflicto por el que hasta ahora se negaban a acudir como refuerzos a las fiestas patronales de los diferentes municipios se antoja inminente, para satisfacción del consistorio de Ciutadella a quien más le urge la firma debido a la proximidad de Sant Joan.

Los representantes de la Agrupación Sindical de la Policía Local de Menorca, junto a los de CCOO y UGT de las diferentes policías locales de la Isla, se reunieron ayer por la mañana en Es Mercadal para valorar la propuesta que les hizo llegar la alcaldesa de Ciutadella el pasado viernes, en nombre del resto de primeros ediles.

Si el viernes se mostraban escépticos en una primera valoración sin haber entrado a fondo en la propuesta, ayer aseguraron que el conflicto puede estar en vías de solución. Cotejada la propuesta con el informe jurídico servido a los ayuntamientos por el Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, estos aceptan que sea cada consistorio de origen el que pague a sus policías las horas que presten en otros municipios al precio que tienen estipulado en sus puestos de trabajo, según su propia catalogación, en cuanto a los horarios diurnos, nocturnos, laborables y festivos.

«Es lo justo y el ISPIB nos da la razón», explica Fernando Serrano, policía local de Sant Lluís y representante de la ASPLM. La discrepancia que esperan solventar en la reunión que mantendrán con los ayuntamientos esta semana se encuentra en los plazos para cobrar los refuerzos. Según la propuesta el trámite entre ayuntamientos puede demorarse al menos dos meses en la tramitación, «y nosotros queremos percibir el trabajo a mes vencido que es lo habitual con cualquier otra prestación extraordinaria», señala Serrano. Hasta ahora los ayuntamientos no pagaban a los agentes hasta que no habían recibido la transferencia de los consistorios de los municipios donde habían prestado el servicio, lo que suponía una demora de entre seis y nueve meses.

La propuesta policial es que un oficial del municipio receptivo redacte una ficha que recoja la hora en que comienzan el servicio y en la que finaliza. El policía entregaría esa misma ficha al responsable de su ayuntamiento para que este pudiera abonar la prestación al mes siguiente, «con lo que no habría confusión posible».

Los responsables sindicales trasladaron ayer a los servicios jurídicos de CCOO y UGT la propuesta de los ayuntamientos junto al informe del ISPIB para que den su visto bueno, como paso previo a la reunión que esperan mantener con los alcaldes esta misma semana al objeto de firmar el acuerdo que desbloquee definitivamente la situación.

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