«A mi no me molestan demasiado, pero sí me fastidia que yo esté pagando un alquiler cada mes y ellos estén aquí por la cara». Es la opinión de uno de los arrendatarios del complejo residencial Ses Canaletes, donde llevan un tiempo instalados varios okupas en al menos cinco de las casas dúplex del conjunto situado a escasos metros del Club de Golf Son Parc.
Un vacío legal provocado por la ejecución hipotecaria de la parte del complejo de 66 apartamentos que no se ha vendido, sumado a las discrepancias entre los administradores originales y los nuevos en esta fase, ha facilitado que los okupas se hayan instalado, en muchos casos, forzando las puertas de las terrazas compartiendo espacios con personas que pagan un alquiler e incluso con turistas.
Dos mujeres británicas y un hombre, de vacaciones en el complejo, admitían ayer conocer la ocupación ilegal de algunas viviendas. «Sabemos que no pueden estar aquí y que todo está bastante sucio pero están porque nadie se lo impide», explican a este diario.
No se trata de un espacio invadido a causa de su abandono o profundo deterioro. Se hace difícil distinguir elementos forzados o especialmente decrépitos por la falta de cuidado o por haber causado destrozos, que al menos exteriormente no se aprecian. Eso sí, se observa que no hay mantenimiento por la falta de una mano de pintura en las paredes exteriores, por el descuido en las zonas comunes y por la iluminación precaria cuando cae la noche. El patio central carece de ornamentación en los lugares habilitados para plantas, y flores. Dos obreros trabajan en la terraza de una de las casas, como signo de la coexistencia forzada de propietarios y okupas.
Otros vecinos que se han dirigido a este diario denuncian intimidación de estos últimos con sus perros y consumo habitual de marihuana en reuniones comunitarias de la mayoría de ellos que acaban con lanzamiento de colillas de porros a los espacios comunes. Al menos existe una denuncia por conexión fraudulenta a la red eléctrica, según otras fuentes.
«Nosotros estamos aquí desde hace un par de meses, ¿de okupas?, no, pagamos un alquiler», responde una pareja joven en uno de los apartamentos con un niño en brazos. Aseguran que pagan 650 euros pero dicen no recordar cómo localizar a la persona a la que le pagan la renta ni tampoco su identidad.
En varios apartamentos aparece el cartel que indica la existencia de una alarma. Es así, explica uno de los propietarios, para impedir que la puerta sea forzada por nuevos inquilinos ilegales.
Esos mismos vecinos han puesto en conocimiento de las fuerzas del orden la ocupación ilegal de algunas viviendas, pero no existen denuncias concretas por lo que no hay, por el momento, órdenes judiciales para proceder a desahucios.