Un total de 53 personas han acudido en lo que va de año al Servicio de Atención Social en los Juzgados de Menorca. La cifra supone un incremento en las intervenciones de esta prestación que ya está concertada con el Govern balear aunque opera en la Isla desde hace 18 años cuando se creó a partir de la Fundación IReS, dedicada a la ayuda integral a familias en situación de vulnerabilidad.
El servicio atiende a personas afectadas por un procedimiento judicial penal o civil abierto con el propósito principal de que dejen de tener problemas con la justicia. Pueden ser acusadas, víctimas, denunciantes, demandantes o testigos, a las que se orienta para evitar la reincidencia en el delito o conflicto.
La concertación del SASJ con el Govern balear, que este año ha destinado una partida de 225.000 euros, ha permitido consolidar su presencia en todos los partidos judiciales de las Islas, lo que antes no sucedía al funcionar con subvenciones que no le daban estabilidad. En Menorca, con la trabajadora social Neus Maza Villalonga al frente, el servicio tiene despacho tanto en Ciutadella, ubicado en el Centre Polivalent Sa Platja Gran, como en Maó, en el edificio del Juzgado Penal. Por ambos han desfilado en el año que finaliza 26 hombres y 27 mujeres. En todo el 2018 fueron 41 personas, lo que refleja ya un incremento de casi el 30 por ciento.
Entre los atendidos este año, un 22 por ciento han sido personas no encausadas que buscaban información, por ejemplo, para incapacitar a un familiar por cuestiones de salud mental, explica la responsable en Menorca. Un 34 por ciento han acudido al servicio teniendo una causa penal abierta por haber cometido cualquier tipo de delito. A estos se les realiza un acompañamiento explicándoles las consecuencias de la situación en la que se hallan según el momento del proceso. Si se trata de internos que salen de la prisión también se les hace un seguimiento en caso de que el juez penitenciario así lo solicite, precisa la trabajadora y mediadora social.
El SASJ actúa como «puente entre el sistema judicial y las personas, aunque ponemos el foco en ellas principalmente», subraya Bernat Aguiló, su máximo responsable balear. El servicio asesora a los dos sistemas sobre los que interviene, por un lado jueces, abogados y fiscales en torno a los recursos sociales y asistenciales que pueden utilizar, y por otro informa a los servicios sociales sobre cómo deben actuar e informar de sus acciones dentro del sistema judicial.
Las personas que acuden al servicio lo hacen por tener conocimiento directo del mismo, bien son enviadas por el sistema judicial o bien acuden derivadas de los servicios sociales que les informan de su existencia para facilitar su proceso en los juzgados.