La Policía Nacional de Maó, que investiga el caso de tráfico de drogas y corrupción de menores, dispone de pruebas concluyentes que acreditan la responsabilidad de ambos delitos en tres de los cuatro hombres a los que detuvo en diferentes puntos de la ciudad el jueves de la pasada semana. Tres de ellos permanecen en prisión preventiva a la espera de que el juez decida sobre los recursos que le han ido presentando esta misma semana sus respectivos abogados.
Se trata de razones añadidas a las diligencias iniciales en las que su participación directa en los hechos que se les imputan quedaría sobradamente demostrada, según fuentes a las que ha tenido acceso este diario. Escuchas telefónicas que comprometerían la presencia de las menores que habían sido explotadas sexualmente a cambio de drogas o dinero en el skatepark, Es Freginal y en la casa de okupas de la Plaça del Príncep de Maó, y testimonios directos reforzarían la acusación de los encarcelados.
Los abogados sostienen en su recurso que la fiscal se basó en escuchas telefónicas de la causa anterior, en la que ellos no estaban personados, y en que la denuncia del director de la Casa de la Infancia, que dio origen a la investigación, es inconcreta y poco rigurosa. Si el juez tumba el recurso de reforma, los dos letrados y la letrada de los que están en prisión, Francisco del Campo, Carmen Pecharromán y José de Juan López, elevarán el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Los cuatro detenidos la pasada semana, tres de los cuales permanecen en prisión, estuvieron imputados en la operación del pasado noviembre, en la que la Policía Nacional detuvo a 12 personas por tráfico de drogas y abuso de menores, tras una información que también derivó el Consell insular. En esa operación, que se vincula a la actual, fueron imputados los cuatro pero no llegaron a ser detenidos.
Dos de los doce arrestados en esta operación fueron enviados a prisión por el juez, Daniel García del Mar, que instruye la causa, aunque quedaron en libertad posteriormente al abonar la fianza.
La titularidad de la casa de okupas
La casa de okupas en la Plaça del Princep, número 22, propiedad de un fondo buitre, en la que los vecinos denuncian el trapicheo de drogas y la explotación de menores, no ha sido propiedad de Caixabank, en contra de la información facilitada ayer a esta redacción por el administrador concursal de la empresa con la que se hizo el fondo buitre que ahora tiene la titularidad del inumueble. La entidad bancaria solo concedió la garantía de crédito hipotecario a la empresa deudora que ahora se halla en concurso de acreedores.
El alcalde niega que conociera ni sospechara lo que ocurría en la casa
Héctor Pons, alcalde de Maó, niega que tanto él como su predecesora conocieran la existencia de corrupción de menores en la casa de okupas de la Plaça del Príncep, como aseguran los vecinos del inmueble contiguo. Pons dice que había recibido las quejas por las molestias de los okupas y por el fraude de suministro eléctrico, «pero en absoluto sabíamos ni sospechábamos nada más, de haberlo sabido habríamos actuado aunque corresponda a la Policía, y si dicen lo contrario que lo demuestren». El alcalde explicó que en breve podrán limpiar la casa y tapiar la entrada para evitar nuevos okupas al disponer desde ayer de la sentencia judicial. El Ayuntamiento envió varios requerimientos a la propiedad desde 2018 para que evitara la entrada descontrolada de palomas en el edificio, que nunca fueron contestados.