La red de trata y prostitución de menores, desmantelada en Maó y Es Castell este pasado lunes, con la detención de siete personas, originarias de Guinea Ecuatorial y la liberación de cinco mujeres (tres de ellas menores), se aprovechaba de mujeres, especialmente niñas, que se encuentran en las más extremas situaciones de vulnerabilidad y necesidad, a las que obligaba a prostituirse.
La red, explica la Policía Nacional, estaba “especializada en la financiación de los viajes de mujeres oriundas de su mismo país, Guinea Ecuatorial y una vez llegaban a territorio europeo eran sometidas a la prostitución”.
La organización captaba a las víctimas a través de otros miembros afincados en Guinea, los cuales les ofrecían venir a España y regularizar su situación mediante fraudulentas reagrupaciones familiares, conseguidas a través de partidas de nacimiento guineanas falsas, haciendo pasar a las víctimas como supuestas hijas de personas guineanas con residencia legal en España e incluso personas ya nacionalizadas españolas.
Las víctimas captadas, en su mayoría menores de edad, se encontraban en una situación económica muy precaria, en su mayoría huérfanas, y a su llegada a España eran informadas que debían pagar una deuda de cuantía elevada la cual deben satisfacer mediante la prostitución.
De hecho, una de las víctimas llegó a España siendo menor de edad con documentación falsa, siendo explotada durante más de 12 años, en los cuales se calcula que podría haber pagado a la organización más de 100.000 euros.
A las víctimas se les obligaba a prostituirse. Para ello no dudaban a someterlas a extorsiones de todo tipo. Se les exigía el pago de desproporcionadas deudas, de hasta 60.000 euros, que eran contraídas con la organización. Unas deudas que aumentaban una vez en Menorca ya que la red les obligaba a pagar los costes de manutención, alojamiento, ropa e incluso los preservativos, estableciendo un sistema de multas por mal comportamiento o desobediencia a los integrantes de la red.
Incluso miembros de la organización afincados en Guinea, cuando las víctimas se negaban a prostituirse o no generaban el dinero que correspondía, llegaban a vejar y azotar a sus familiares e hijos que viven en Guinea, consiguiendo de ese modo su propósito.
Una de las víctimas, relata la Policía, fue obligada al ejercicio de la prostitución y tras negarse, fue amenazada por la organización con ser devuelta a Guinea Ecuatorial, lo que motivó que intentara suicidarse.
Tras la investigación se da por desarticulada la organización la cual es considerada una de las más activas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres y menores en España.