Las cinco mujeres y el hombre detenidos por la Policía acusados de prostituir a menores de sus supuestas familias, no pueden aproximarse a ellas a menos de 200 metros mientras continúe la investigación, a pesar de haber quedado en libertad provisional.
El juez determinó que las dos adolescentes, de 16 y 17 años, además de una hermana de corta de edad de una de ellas, y un bebé, hija de la otra, sigan por ahora bajo la tutela del Consell y alejadas de las que dicen ser sus familias, todas naturales de Guinea Ecuatorial, aunque residentes en la Isla.
Los seis detenidos quedaron libres el miércoles, con medidas cautelares, tras declarar en el Juzgado número 2 de Maó, aunque el juez mantuvo la imputación sobre todos ellos por trata de personas con fines de explotación sexual a menores y falsedad documental. El fiscal, Eduardo Norro, no solicitó el ingreso en prisión, al considerar que faltan elementos para valorar algunas pruebas que completen la investigación, por las contradicciones en las declaraciones entre dos de las víctimas y las mujeres acusadas, miembros de tres unidades familiares.
La decisión del fiscal causó sorpresa entre los diferentes equipos de la Policía Nacional que han acelerado la investigación en el último mes y medio en aras a proteger a las menores. El jefe de Extranjería de Maó, Jesús Martín, y el de la Comisaría, Antonio Domínguez, creen que ya hay suficientes pruebas que acreditan el traslado de menores a Menorca desde Guinea Ecuatorial, para obligarlas a prostituirse, bajo terribles amenazas, aunque mantienen las pesquisas para incorporar nuevos datos que sustenten la acusación, que en otras circunstancias se habría hecho con más tiempo.
La declaración de las acusadas, madres, hijas y hermano de las tres familias imputadas, convenció al fiscal al negar todos los hechos, o al menos puso en duda las acusaciones. Las mujeres fueron coherentes y espontáneas en sus respuestas.
Al parecer, no existen pruebas irrefutables sobre la relación entre las tres familias, que aseguraron no conocerse pese a admitir que son originarias del mismo pueblo ecuatoguineano.
La presunta cabecilla de la trama reconoció que tenía desencuentros con su nieta, en edad adolescente, y dijo que la menor había tenido problemas psicológicos que le habían llevado a ofrecer un relato falso puesto que fue ella una de las dos que declararon a la Policía que la obligaban a prostituirse. Esta menor viajó a España con su madre para recibir una mejor atención sanitaria por una cuestión de salud, pero una vez recuperada, tenía que regresar a su país también con su madre, a lo que se negaba. Por este motivo trató de suicidarse ingiriendo lejía, declaró su supuesta abuela.
Ninguna de las detenidas tiene antecedentes policiales, y respecto a la falsedad documental advertida, esgrimieron que había sido un simple error en los pasaportes. Sostuvieron que las menores sí son familia puesto que en su país es habitual que si una madre fallece, sea una de sus tías la que adopte a sus hijos, como aseguraron, había sucedido en estos casos.
La investigación llevada a cabo por Extranjería, de la Comisaría de Maó, y la UCRIC, de Palma, recoge varias declaraciones de testigos protegidos que confirman la existencia de la red criminal para prostituir a las menores en Maó y Es Castell. Serán citadas a declarar en próximas fechas en el marco de la investigación que ahora también realizará la Fiscalía.