Durante casi dos años, entre 2020 y 2021, la propietaria de un local convertido en pizzería en Biniancolla asegura haber cobrado solo 1.000 euros de alquiler, con lo que la deuda de su inquilino ronda los 60.000 euros.
Ante la morosidad del arrendatario en agosto de 2020 la dueña le comunicó que no le renovaba el contrato por incumplimiento del mismo. Sin embargo, el hombre, de origen italiano, que regenta la pizzería desde hace unos diez años hizo caso omiso al comunicado y se marchó a su país sin devolver las llaves del establecimiento. La propietaria optó por la vía legal y rehusó recuperar el local forzando la cerradura, sino a partir de una demanda de desahucio y reclamación de rentas presentada en febrero en el juzgado y admitida a trámite el pasado 26 de abril.
El resultado es que transcurrido todo este tiempo, continúa sin cobrar la renta adeudada y tampoco puede recuperar su propiedad para volver a alquilarla o hacer uso de ella mientras aguarda la resolución de la demanda por desahucio dada la lentitud del proceso judicial.
«Es una situación indignante», explica la dueña. El inquilino regresó a Menorca durante el primer trimestre de 2021 y volvió a abrir el negocio el día 1 de abril pese a hacerlo sin contrato, «pendiente del desalojo y sin licencia, lo que también hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Lluís el mismo día de la apertura», que derivó en sanción y notificación de cierre, señala la propietaria del local.
El inquilino recurrió la denuncia por falta de licencia «para dilatar la clausura por no cumplir la normativa». Asegura la demandante que el denunciado alegó un defecto de forma en la inspección ya que se encuentra en temporada alta y el cierre le causaría un grave perjuicio.
«No podemos recuperar el local, no hemos cobrado ni podemos empezar a pedir permisos para la reforma que tenemos proyectada, ni tampoco buscar nuevo inquilino», lamenta la dueña, considerando la situación de crisis que soporta «y la necesidad de obtener esta renta».