Jean Marie Nguele, sacerdote nacido en Camerún, que fue ordenado presbítero en Menorca en octubre de 2020, ha sido denunciado al menos en tres ocasiones por haber cometido presuntas estafas en alquileres de pisos en la Isla.
En las últimas horas, tras conocerse ayer por la mañana la decisión del obispo de suspenderlo cautelarmente, se han multiplicado los comentarios de personas que aseguran haber sido estafadas por el presbítero, bien mediante el alquiler falso de una vivienda o el de varios vehículos.
Sin embargo, pese al ingente número de presuntos perjudicados por las prácticas oscuras del sacerdote, son tres las denuncias confirmadas por este diario que constan en su contra presentadas ante la Guardia Civil, dos en octubre y una este mismo diciembre. Una de ellas es de una joven a la que Jean Marie Nguele conocía de su anterior estancia en Ferreries, que le reclama 600 euros por haberle rentado una vivienda sin autorización de su propietaria, a la que también conocía y con la que había llegado a mantener una buena amistad en Es Mercadal.
Las otras dos denuncias corresponden a la inmobiliaria Alzina Riera, de Ferreries, cuando Nguele ya estaba suspendio por el obispo. El sacerdote se habría hecho pasar por intermediario de la empresa para alquilar apartamentos. Conseguía fotografías de los inmuebles en la página web de la empresa para mostrárselo a los clientes que acababan pagándole una fianza a cambio de asegurar el alquiler cuando el piso quedara libre a los pocos días, lo que no sucedía. Aseguraba en otras ocasiones que la propietaria de la inmobiliaria era de su absoluta confianza, y reforzaba el convencimiento mostrando su identificación sacerdotal. La dueña de la inmobiliaria recibió la llamada de dos personas estafadas que le reclamaban a ella el dinero que habían entregado como fianza, porque a la hora de recibir las llaves, Jean M. Nguele no había aparecido y estaba ilocalizable.
Tanto la empresaria como otras personas afectadas contactaron con el Obispado que se ha hecho cargo de algunas de las reclamaciones, una de ellas de 1.500 euros por el alquiler de un piso y un vehículo en Maó, lo que probablemente ha evitado otras denuncias. Estos mismos perjudicados han indicado que la organización eclesiástica atendió sus quejas. Otra mujer relata que le estafó 1.250 euros en el alquiler de su coche el pasado agosto, aunque no le denunciaron porque les dijeron que el sacerdote estaba ingresado por problemas psicológicos.