Tres años y cinco meses después, las 95 víctimas reconocidas del médico voyeur del HospitalMateu Orfila aspiran hoy a un complicado acuerdo de conformidad que evite la celebración del juicio. El facultativo de la UCI, detenido el 27 de agosto de 2018, está acusado de grabar a 94 mujeres y un hombre con dos dispositivos móviles entre 2016 y 2018 en baños, vestuarios y duchas del mismo hospital y en su propio domicilio, agrupando un total de 1.730 vídeos y 15 imágenes que recoge el Ministerio Público.
La fiscal, Reyes Miñambres, reemplazante de Andrés Barragán, responsable del escrito de acusación, y los seis abogados de las víctimas, incluida la de laComunidad Autónoma y el del Colegio de Enfermería de Balears, además del letrado defensor, están citados esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial para la vista previa de este escabroso proceso que por fin empieza a ver la luz al final del túnel. El médico acusado, de 45 años de edad y natural de Perú, tiene la obligación de estar presente hoy en la sesión aunque ya no reside en la Isla y continúa suspendido por la administración balear desde su detención.
En las últimas semanas las partes implicadas han mantenido contactos pero no existe constancia de que se vaya a alcanzar un acuerdo esta mañana antes de que se constituya el tribunal. La disparidad de posiciones por el número de los años de cárcel que solicitan, la indemnización y la inhabilitación marcan un escenario de difícil encaje para evitar que el juicio finalmente tenga que llevarse a cabo. De ser así las víctimas eludirían el reencuentro con su agresor y el visionado de las imágenes, una de las cuestiones previas que hoy pedirán los abogados de la acusación por el trastorno que supone para las víctimas tener que volver a pasar por ese trance cuando fueron grabadas en vestuarios, baños y duchas del hospital.
La conformidad, además, eliminaría los problemas de citación de los numerosos testigos y demás pormenores de la prueba.
La eventualidad del posible acuerdo se hace aún más compleja puesto que, si este se diera entre los letrados y la fiscal, debería ser aceptado por cada una de sus representadas durante la misma jornada, lo que dificulta que así sea aunque nadie lo descarta de forma tajante.
La principal diferencia entre la acusación particular y la del Ministerio Público estriba en que la primera pide que sea juzgado individualmente por cada delito y no por el conjunto de ellos, según el lugar donde los cometió e independientemente del número de veces en que una misma víctima aparece en diferentes vídeos, como determina el Ministerio Público. El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, Fernando Pinto, que instruyó la causa calificó los hechos en su día como un delito continuado contra la intimidad y el honor de las víctimas que aparecían en los vídeos.
De los 29 años que suman las condenas que piden las acusaciones particulares, a los diez años y tres meses que pide la fiscal hay un largo trecho, como también entre los alrededor de 600.000 euros de indemnización que solicita la acusación y los 211.000 que piden la fiscal y el abogado defensor. También existe una notable diferencia entre el tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina -70 y diez años, respectivamente- y el ámbito que plantean las partes ya que la acusación particular quiere que sea absoluta tanto para la medicina pública como la privada.
Atenuantes
El abogado del facultativo ha incorporado los atenuantes de confesión, nada más ser descubierto en el Hospital cuando dos enfermeras advirtieron el teléfono móvil camuflado que las grababa en el vestuario, las dilaciones indebidas del proceso y haber consignado ya 50.000 euros para la reparación de daños. Además aporta un informe psiquiátrico sobre el trastorno de voyerismo que sufre el acusado.
De no alcanzarse esta mañana el acuerdo de conformidad, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia deberá señalar la fecha del juicio en los próximos meses para el que se prevé una larga duración por el número de víctimas y testigos que serán citados a declarar.