Una gestora de Maó se enfrenta hoy a una condena de dos años y medio de prisión, multa de 2.400 euros e indemnización de 5.300 euros a las víctimas. La mujer de 54 años está acusada de falsedad documental en documento oficial, en concurso con un delito de estafa, presuntamente cometidos para facilitar la regularización de una mujer extranjera en este país.
Los hechos que se juzgan esta mañana se remontan a 2018 cuando la acusada propuso a un matrimonio, que había acudido a su consultoría a fin de obtener los permisos para legalizar la situación de la mujer, de nacionalidad extranjera, crear una empresa ficticia en la que él contratara a su esposa para que pudiera conseguir la residencia y regularizar su situación administrativa.
La consultora, a sabiendas de la ilegalidad, elaboró un contrato ficticio que reflejaba la contratación de la mujer en la supuesta empresa, pero nunca llegó a darla de alta en la Seguridad Social. El único propósito del contrato era conseguir una regularización fraudulenta de la situación de la mujer que aparecía así como trabajadora ante la Delegación del Gobierno para obtener la residencia por la circunstancia excepcional de arraigo.
La inculpada exigió a los clientes un pago previo de 300 euros, sin que ellos fueran conscientes de la irregularidad que estaban cometiendo.
El expediente de la mujer supuso la nulidad del alta en la Seguridad Social al percatarse la Administración Pública de la actuación fraudulenta que habría cometido la acusada, por lo que impuso al matrimonio perjudicado una multa de 5.000 euros.