Dos años y medio de prisión es la condena a la que se enfrenta una mujer, de origen boliviano, de 42 años de edad, y a quien era su compañero de piso, por haber robado, presuntamente, una cubertería de plata y diversas joyas a la mujer nonagenaria a la que cuidaba, en un domicilio situado en una céntrica plaza de Maó.
La acusada se aprovechó de la avanzada edad de la señora que recibía sus atenciones por encargo de la familia, para ir apropiándose de los objetos de valor, joyas fundamentalmente, que tenía en la casa, durante un periodo comprendido entre los meses de marzo y finales de junio de 2021. El valor total de los objetos sustraídos alcanzaba los 30.000 euros, según informó la Policía Nacional, tras la detención de los acusados a finales del mes de septiembre del mismo año.
Los hurtos que se les imputan los cometió la mujer, aprovechando el estado de demencia senil de la señora. La cuidadora recurrió a la colaboración de su compañero de piso, un hombre natural de Ecuador, de 54 años de edad, al que ella había prestado ayuda a su llegada a España, según concluyó la investigación policial, puesto que en un principio, no había quedado acreditada su participación directa en el delito.
El hombre se encargaba de recibir las joyas de las que se iba apoderando su amiga y, posteriormente, acudía a un establecimiento de compra-venta de oro, situado también en una céntrica calle de Maó, donde las empeñaba para obtener un beneficio. Por la venta de las diferentes joyas que fue realizando durante esos meses, los dos presuntos responsables de la actuación ilícita llegaron a ingresar 10.170 euros por el peso en oro de las alhajas, una tercera parte del valor estimado cuando se produjo la denuncia.
Expulsión del país
El hombre y la mujer serán juzgados este próximo martes en el Juzgado Penal de Maó. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal concluye que los hechos son constitutivos de un delito de hurto continuado. Solicita para los dos acusados la pena de dos años y medio de prisión, aunque en el caso del hombre, el fiscal propone que le sea sustituida la condena por su expulsión del territorio nacional y que no pueda volver a entrar en el país durante, al menos, 8 años.
Además, los dos acusados deberán indemnizar conjuntamente a la mujer a la que robaron, con la misma cantidad de 10.170 euros, que fue el dinero que obtuvieron por sus ventas.