Cuando un joven mallorquín firmó el contrato para la futura constitución de una empresa empezó a cuestionar la gestión y el comportamiento de uno de sus socios, David P., de 26 años. Un conocido de Menorca le advirtió que David P. había estado involucrado en varias estafas en la isla, donde le apodan el pequeño Nicolás. El mallorquín le pidió información sobre los proyectos que decía haber realizado y que estaban en marcha, pero solo recibió largas. Miraba hacia otro lado, como Laudrup cuando daba el último pase de gol.
El pequeño Nicolás menorquín llegó a sus dos socios mallorquines a través de Facebook. El joven solo tenía 18 años, pero se presentó como un magnate con muchas propiedades y proyectos para convencerles de montar una empresa. Era convincente y decía que tenía muchos contactos. En abril de 2018 firmaron un contrato y los dos querellantes aportaron 3.500 euros cada uno. La sociedad se constituyó en octubre de 2018, pero ante la falta de confianza hacia el acusado y tras una serie de discrepancias decidieron apartarse.
David P. les dijo que les compraría las participaciones, pero iba alargando el cierre de la compraventa y después les pidió más tiempo hasta que en un momento dado se esfumó. No pudieron volver a contactar con él y lo denunciaron. El pequeño Nicolás menorquín, que ya fue condenado a un año de cárcel por estafar a sus socios, nunca les enseñó las cuentas ni tuvieron acceso a la documentación. Los querellantes, representados por el abogado Guillem Cladera, descubrieron que había solicitado créditos a cargo de la cuenta de la entidad y que luego los traspasaba a sus cuentas personales.
El juzgado de lo Penal número 7 lo condenó a 10 meses de cárcel por apropiarse de 7.000 euros de sus dos socios en Mallorca y ahora la Audiencia de Palma ha ratificado la pena. «Lo único que consta es que a los pocos días de constituirse la entidad se vació por completo la cuenta bancaria en la que se había ingresado el capital de la misma y se transfirió a otra entidad propiedad del acusado».
La Audiencia concluye que el acusado «en lugar de destinar los fondos a los fines pactados, se apropió de ellos». Los jueces indican que no dio ninguna explicación razonable durante el juicio ni ha aportado "pese a haber sido expresamente requerido en multitud de ocasiones" la contabilidad de la empresa, facturas u otros documentos justificativos de los gastos en los que incurrió la empresa.