Visto para sentencia quedó ayer en Maó el juicio penal contra una mujer a quien el antiguo arrendatario de un bar-restaurante del polígono de Alaior, le reclama 30.000 euros por el material industrial y otros inmovilizados de los que se habría beneficiado en el arriendo.
La propiedad del local no prolongó el contrato al antiguo arrendatario e instó a que la nueva inquilina se pusiera de acuerdo con aquel al respecto del material del bar, tanto industriales como barra y mobiliario. El denunciante asegura que pactó con la mujer una cantidad de 30.000 euros, después de una petición inicial de 45.000, pero el documento del supuesto acuerdo nunca fue firmado por la nueva inquilina. El denunciante aseguró que nunca cobró.
El fiscal no ve causa contra la mujer al entender que ese material, en todo caso, permanece en el local y sería el dueño del inmueble quien debería compensarlo, aunque este destacó que al finalizar el contrato ya le comunicó que no lo quería y se lo podía llevar.
La acusación pide dos años y medio de prisión, e indemnización de 45.000 euros.