Particulares y abogados inmersos en procedimientos judiciales, penales y civiles, que afectan a menores de edad han mostrado su indignación por el colapso que sufre la tramitación de los procesos en los juzgados de la Isla debido a la prolongada falta de un psicólogo forense para emitir los indispensables informes periciales.
Como resultado crecen las dilaciones en la fase de instrucción, que ya de por sí acarrean retrasos en las sedes judiciales por la falta de funcionarios, incluso de jueces, como sucede en Ciutadella, o el relevo constante de estos.
Han transcurrido ya tres años y un mes desde que la plaza quedara vacante por la jubilación de la anterior psicóloga forense y la situación no ha hecho más que agravarse con demoras que exceden el medio año.
Hasta hace unos meses el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Balears enviaba, con cierta periodicidad, y de forma rotatoria entre su personal a un psicólogo de su equipo psicosocial de menores para paliar esta falta, pero ya ha dejado de hacerlo.
Los profesionales con plaza en Mallorca han resuelto negarse a viajar a Menorca porque «están saturados y no quieren hacerlo», explica Consuelo Pérez Luengo, directora del IML de Balears. Y es que la falta de personal también salpica a los juzgados de Mallorca, «tenemos el mismo problema que en Menorca y en Eivissa», añade Pérez Luengo. En la Isla vecina, dos de las cuatro plazas de psicólogos forenses de menores están vacantes, y además faltan dos trabajadores sociales del equipo psicosocial.
La ausencia de psicólogo del IML en Menorca no solo incide en las causas con menores, sino en todas aquellas que precisan informes periciales psicológicos. Sin embargo, que la plaza siga vacante adquiere más relevancia en el primer caso porque genera una indefensión para los menores menorquines, señala la abogada Sara Taltavull, y un agravio respecto a los de las otras islas. «Ellos son las auténticas víctimas en los procedimientos muy graves porque sufren el retraso cuando lo que necesitan es una respuesta rápida para poder pasar página de lo que les ha sucedido», indica en relación a casos de maltrato, abusos sexuales o agresiones, por ejemplo. «Además las familias tienen que retrasar la asistencia o ayuda psicológica que necesitan para no interferir en las pruebas de doble credibilidad y poder seguir adelante con procedimientos penales en los que son necesarias estas pruebas», añade Taltavull.
Hay casos menos complejos «de custodias compartidas, por ejemplo, que tampoco pueden resolverse por este mismo motivo», explica el letrado Carlos Salgado. Estos retrasos, coinciden ambos abogados, se suman a los que sufren determinados juzgados por la falta de funcionarios y de jueces.
El Ministerio de Justicia destina una partida de unos 15.000 euros para la contratación de informes periciales externos a través de un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Balears, «pero hay límites de crédito», matiza la directora balear del IML, lo que en ocasiones obliga a los propios particulares a contratarlos, con el coste añadido que supone, sin contar con la certeza de que tendrán el peso suficiente en la resolución de la causa, según los valore el juez.
La delegada del colegio balear en Menorca, Maite Ferrero, admite que «desde hace un año no hemos avanzado, pedimos que se cubriera la plaza en la Isla y sigue vacía, lo trataremos en la próxima junta».
Consuelo Pérez Luengo lamenta que «desde el IML no podemos hacer nada». El problema es que las plazas no se cubren por la falta de estímulos para funcionarios e interinos por el elevado coste de vida de las islas, «es una cuestión del Ministerio de Haciencia y de Función Pública porque los profesionales no quieren venir», incide. El mismo handicap de siempre en las competencias del Estado en la Isla.
El Sistema no funciona y el ciudadano pasa de todo. AsÍ va este nuestro pais . DE PENA !!