Una mujer de 48 años de edad se enfrenta la próxima semana a una condena de dos años de prisión por un delito continuado de amenazas a cuatro de los trabajadores profesionales que integran el Servicio Insular de Familia, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social del Consell, entre ellos su máximo responsable, Jesús Barrasa, y la psicóloga del servicio.
El juicio, señalado para el próximo martes, es la consecuencia de las reacciones que ha tenido la mujer desde principios de 2021 hasta mediados de 2024 en un proceso relacionado con la tutela de su hijo menor a partir de un expediente abierto por este órgano de la primera institución insular. No es la primera vez que los trabajadores de Menores, del Consell, son contestados por padres y madres a quienes se retira provisionalmente la tutela de sus hijos.
En frontal desacuerdo con las decisiones adoptadas por estos cuatro profesionales, la mujer les amenazó reiteradamente a lo largo de este prolongado periodo, al tiempo que les dirigía insultos. Llegó a decirles que les iba a mandar a la mafia rusa, «sois la inquisición, ojo por ojo, diente por diente, si pasa algo os voy a matar», les advertía con reiteración, según recoge el ministerio público en el escrito de acusación. «Os creéis impunes gracias al Estado corrupto en que vivimos pero habrá justicia, o la de Dios o la del hombre, o lo haré con mis manos, pero habrá justicia, y juro que habrá venganza», les aseguró.
La reiteración de estas amenazas llevó a los profesionales del servicio a presentar denuncia contra ella en el juzgado por este delito y también por el de calumnias continuadas, en algunos casos a través de mensajes que remitía al servicio del Consell.
La mujer, con ánimo de menoscabar la dignidad de los denunciantes y del servicio al que pertenecen se dirigía a ellos con frases como «estáis especializados en maltratar a la gente y a los niños, sois el diablo en la tierra», acusándoles además de emitir informes falsos, entre otras acusaciones especialmente graves.
Tras la denuncia, el Juzgado 1 de Maó decidió hace un año, el 20 de junio de 2024, la medida cautelar de prohibir a la mujer que se comunicara por cualquier medio con los denunciantes. Por este segundo delito de calumnias el fiscal pide para ella 12 meses de multa a razón de 8 euros diarios, lo que alcanza los 2.880 euros, en el caso de que sea declarada culpable.
Increïble!!,el mundo al revés.Suerte Sra.y que ,a pesar de todo y todos,se haga justicia.