Un acuerdo entre la fiscal y los abogados permitió ayer la rebaja de la condena de prisión a un hombre, autor de un delito de falsedad en documento mercantil y estafa por haberse apropiado del dinero que una comunidad de propietarios de Es Castell tenía que pagar a la constructora por la realización de unas obras.
De los dos años y seis meses que solicitaba el Ministerio Público, la pena quedó en un año, nueve meses y un día de prisión, y en el pago de la responsabilidad civil total, que asciende a 11.336 euros, la cantidad estafada, a satisfacer al administrador de la comunidad. La ejecución de la pena de prisión quedó suspendida.
El autor de los delitos posee antecedentes penales, no computables en este caso, según se reflejó en el escrito de acusación. Ayer aceptó la condena por videoconferencia, ya que no se encontraba en Menorca.
El hombre elaboró una factura simulada, o bien facilitó a un tercero los datos de su cuenta bancaria, sustituyendo en una factura auténtica expedida por una empresa de construcción que había realizado varios trabajos en la comunidad, los suyos propios.
El administrador de la comunidad de propietarios del edificio de Es Castell le hizo la transferencia de los 11.336 euros, creyendo que estaba satisfaciendo el pago a la empresa constructora, de los que se apropió el estafador en julio de 2019, en cuya cuenta recibió esa suma.
Bueno bueno, menudeces. Que decir de una indemnización millonaria por dar permiso para construir una gasolinera sin haber superado todos los trámites. Sigan, sigan. Aquí no hay nada que ver.