Cristina Gómez, diputada balear de Podemos por Menorca deberá poner su cuerpo, como dijo hace unas semanas, el próximo viernes, día 27, ante el número 82 de la calle des Ramal, de Alaior. Anunció que lo haría si no se abortaba el desahucio de la mujer y el hijo que viven en un piso de ese edificio, propiedad de la Sareb.
La política mahonesa se sumará así a la movilización que ya ha sido convocada a las 11 horas de ese día por la plataforma ‘Alaior per un habitatge digne’ a través de las redes sociales. Las buenas palabras para estudiar el caso, ofrecidas por el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, respecto a este caso, presentado por Gómez y la coordinadora balear del partido, Lucía Muñoz, no han surtido efecto hasta ahora y la orden del desalojo continúa adelante.
La mujer afectada explicó a este diario la indefensión que siente después de haber estado negociando durante dos años con distintos representantes de empresas subcontratadas por el denominado banco malo para hallar una solución. Asegura que ha presentado en varias ocasiones, cada vez que cambiaban al representante de la empresa mediadora, la documentación requerida y el informe de vulnerabilidad actualizado, que extiende el Ayuntamiento de Alaior a través de sus servicios sociales. La inquilina, además, sigue pagando la renta del alquiler a través de la cuenta del Juzgado, toda vez que la constructora con la que firmó el contrato hasta noviembre de 2025 quedó embargada.
La demanda de desahucio se dirigió contra la constructora y no contra la inquilina, aunque sea ella la afectada. La ejecución hipotecaria no respeta el alquiler, declaró la diputada, Cristina Gómez, criticando el procedimiento de la Sareb que en lugar de facilitar el acceso a vivienda pública parece buscar el mismo negocio que los fondos buitres.
Entonces el levantamiento se detuvo porque el Juzgado instó a la Sareb y a la inquilina a que negociaran una salida, lo que ha estado intentando conseguir la mujer durante estos dos últimos años, sin que esta empresa participada por la Adminsitración Estatal haya facilitado una solución.
La mujer solicitó alternativa al Ibavi y al Ayuntamiento de Alaior, pero en ningún caso se le ha podido facilitar una alternativa habitacional de la que no dispone el consistorio alaiorense y tampoco hay disponibilidad inmediata en el Instituto Balear de la Vivienda.
«Hay que pararlo como sea» y «hay que detenerlo como sea» son algunos de los eslóganes de la convocatoria para «impedir esta locura».
Juan00grPone la noticia que estan pagando cada mes al juzgado,por si no has leido la noticoa completa. Buenos dias