La situación de la prisión menorquina ha topado con una realidad que la Junta de Personal de Balears y el sindicato Acaip califican como «insostenible», consecuencia de un «colapso anunciado» por la falta progresiva de funcionarios.
El resultado es una degradación de la cárcel que, sostienen, pone en riesgo la seguridad jurídica, la paz residencial y la integridad de los trabajadores sin que las autoridades hayan reaccionado para evitarlo a pesar de las continuas advertencias que les han hecho llegar con anterioridad.
«Desmantelamiento» del centro
En un nuevo informe remitido hace unos días al delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, la fuerza sindical y la Junta de Personal exponen que lo ocurrido es un «desmantelamiento» del centro que viene de lejos sin que se haya actuado para atajarlo.
El documento aporta datos concretos como la existencia de hasta 19 funcionarios de baja médica y las 29 vacantes que no se han cubierto tras el último concurso de traslados. Así hay 12 puestos vacíos en vigilancia, 9 en Área Mixta y 8 en oficinas. La prisión debería contar con unos 120 funcionarios, aunque siempre ha funcionado con unos 90, aproximadamente.
Inciden en su denuncia en el «abismo organizativo» del Centro Penitenciario que se avecina tras el paso de la Semana Santa por la marcha de los funcionarios con más experiencia, tanto entre el personal de vigilancia, que puede derivar en incidencias graves, advierten, como en la gestión de expedientes. Los dos trabajadores que sostienen esta área cesan los próximos meses, lo que puede ocasionar excarcelaciones erróneas o detenciones ilegales.
Otra preocupación es la marcha del práctico en nóminas puesto que quien le sustituya no tendrá formación ni apoyo para sacar adelante el trabajo fundamental para las retribuciones.
Otras plazas que quedarán vacantes y son esenciales en el funcionamiento de la prisión son las de los dos funcionarios del área mixta, encargados del economato. El sindicato recuerda que se trata de una función clave para evitar motines y mantener la paz residencial. Un fallo en el suministro o en el racionado de internos es el detonante más rápido, indican, para incidentes violentos «que una plantilla tan mermada y sin experiencia no podrá contener».
La pérdida de la administradora, con su contrastada experiencia, y de la subdirectora de tratamiento, cuya plaza está vacante desde hace 10 meses inciden en la degradación de la prisión. La subdirectora de tratamiento es quien coordina a psicólogos, juristas, trabajadores sociales y educadores, además del Servicio de Gestión de Penas, de ahí su trascendencia porque cuestiona el fin principal de la prisión que es la reeducación y la reinserción, subraya el informe.
120 funcionarios para cuatro gatos que tienen ? Con los 19 sueldos liberados pueden pedir comida del macDonald y no faltará nadie en la cocina y los presos engordarán. Escoba y trapo a cada recluso y evitarán personal de limpieza.. Un poquito de inteligencia artificial y se ahorrarán los oficinistas masajeateclados.