Quien lea el titular de este artículo podrá escandalizarse, ponerse las manos a la cabeza y gritar: ¡Republicano! No es ésa la intención de estas escasas líneas. El titular es la constatación de lo que sucederá a partir de ahora con los bienes heredados por la Casa Real del mediático Balada. La Casa Real ha decidido vender todos los edificios heredados, y eso implica ahora ejercer de vendedor, buscar interesados, negociar precios y firmar contratos. ¿No es eso lo que hace una agencia inmobiliaria?
La decisión de los Príncipes, asesorados por quien quiera que les haya aconsejado, ha sentado mal en la sociedad menorquina. Ocultarlo sería mentir. Uno puede llegar a entender que, en una herencia que se divide entre diez personas, con menores de edad de por medio, lo más sencillo es vender, para tener dinero, más fácilmente divisible que un bien inmueble. Pero la cosa ya es más incomprensible cuando el heredero es una institución pública, financiada por todos y cada uno de los ciudadanos. Y la cosa se lía más cuando entre estos inmuebles hay algunos que podrían ser muy útiles para instituciones y entidades menorquinas. Si la Casa Real quería vender para evitar complicaciones, ¿no era más fácil llamar a las instituciones interesadas y pactar algo? ¿Cómo se puede poner precio, por ejemplo, a la Farmacia Llabrés? ¿Qué precio tiene la historia, el valor artístico? ¿Cuánto cuesta el uso que se da a Binitalaiot?
Todo heredero tiene derecho a hacer lo que considere oportuno con su herencia. Faltaría más. El respeto a la decisión no implica, no obstante, que no se pueda reflexionar sobre ella. En la web del "Menorca" alguien decía que los Príncipes "han fet el que resulta més net per ells i el més brut per noltros". No será tanto, pero algunos esperaban más detalles hacia Menorca. Aún hay tiempo.