¿Un nuevo proteccionismo?

El deber de toda administración pública es defender a sus ciudadanos. La concreción de esta defensa puede adoptar diferentes formas. Es cierto que la administración pública debe mimar a las empresas de su territorio, por el simple hecho de que generan empleo en su tierra y por lo tanto, permiten la subsistencia de sus ciudadanos. Pero también es cierto que la Administración tiene el deber de utilizar con eficacia y eficiencia sus recursos económicos. Entonces, el equilibrio en la cuestión de las constructoras es altamente difícil. ¿Qué debe hacer una administración si una empresa foránea le garantiza que acometerá una obra con mucho menos dinero que una de su territorio? ¿Qué hay que priorizar en este caso? ¿Localismo o eficiencia? La respuesta a esta pregunta es difícil, muy difícil. Optar por un nuevo proteccionismo y conceder ventajas a las empresas locales puede ser una opción, pero difícil de sustentar jurídicamente. Tal como están las cosas, lo mejor sería que las administraciones se pusieran al día en sus pagos, y al menos se solucionaría un problema.