Lógicamente, publicamos hoy lo que pensamos y escribimos ayer. Y ayer, y hace una semana, el tema del triste episodio del 23 de febrero de 1981 encuentra amplio eco en nuestra vida política y en todos los medios de comunicación.
Han ido reapareciendo algunos protagonistas que, directa o indirectamente, tuvieron que ver con el fallido golpe. Conociendo el alma humana, las posiciones son claras: hay quienes arriesgaron y dieron la cara; quienes arriesgaron y no la dieron; quienes tiraron piedras y escondieron la mano; quienes ofrecieron ésta y la retiraron a tiempo; quienes hacían de la Patria un coto privado y quienes han vivido del cuento desde aquel día, que para ellos constituyó la mejor página de su currículo. Porque a la sombra de lo sucedido se han consolidado fecundas carreras políticas y buenas fortunas económicas.
Faltan hoy, por ley de vida, dos testimonios clave: el del presidente Suárez y el del general Gutiérrez Mellado.
Alejado por destino de lo que sucedía en Madrid y en Valencia aquel día, sí he ido madurando mi opinión durante estos años. Sostengo -y puedo equivocarme, por supuesto- que el general reaccionó, sorprendido y justamente indignado. No opino lo mismo respecto a la actitud de Adolfo Suárez que aún controlaba los servicios de inteligencia del momento. El concepto de «contragolpe» o «vacuna», al más puro estilo Maquiavelo o Curzio Malaparte, es claro. No deben extrañar por tanto, las aseveraciones actuales de «no era esto lo convenido», que nos recuerda a los entonces jóvenes oficiales, lo que escuchamos de la sensata mayoría de nuestros generales: «Esto no es lo que nos comprometimos a apoyar; no estamos en el siglo XIX».
Pero nadie dudaba entonces -ahora es fácil pregonar lo contrario- que hacía falta un Gobierno de concentración fuerte para acabar la Legislatura y contraatacar la sangrienta ofensiva de ETA. Los que ahora dicen lo contrario mienten, como mienten los que dicen hoy «yo ya lo advertí». O los que hacen profesión de fe al declararse «demócratas de toda la vida».
Faltan a lista los que crearon un mito en el País Vasco en la persona de un Teniente Coronel de la Guardia Civil, que defendía a muerte a sus guardias, a los que diezmaban con órdenes y contraórdenes, pasteleos políticos, concesiones, miedos. Faltan a lista quienes prohibían honrar incluso a estos muertos ordenando sacarlos de los cuarteles por las puertas traseras o se negaban a abrir las de sus iglesias para celebrar funerales cristianos.
Faltan a lista quienes socavaban desde dentro el proyecto de la UCD de Suárez; los que ya habían vendido su piel ocupando aún poltronas de poder, los que huían, como las ratas del barco en llamas. Faltan a lista los que pactaron «operaciones De Gaulle» y salieron silbando de la vía mirando para otro lado.
Luego, unos uniformados fueron procesados y condenados.
Pero otros uniformados que nada tuvimos que ver ni con el tardofranquismo, ni con la UCD y las luchas de sus barones, ni con los partidos de izquierda prestos a ocupar el poder, otros, que también seguíamos pagando con sangre la ofensiva de ETA, fuimos tratados como los primeros, incluidos en un común pecado original.
Hace una semana, en una enésima sesión dedicada a la Ley de Derechos y Deberes de los Militares celebrada en el Congreso de los Diputados, un general dijo que «en Defensa se legislaba mirando más al 23-F que al Líbano o a Afganistán». Por encima de la oportunidad del momento y del lugar, el mando recogía un sentimiento arraigado en las gentes de armas. Con honradísimas excepciones -y ellos bien saben que les respetamos y queremos- el Ministerio ha sido interventor más que constructor, ha sido restricción más que impulso; ha sido interés de partido por encima de servicio de Estado; ha sido fiscal más que apaciguador de conflictos; ha sido claro promotor de turbias lealtades políticas que ha bien pagado con ascensos o con presidencias de empresas estatales. Ha sido banco de prueba para carreras políticas, cuando no para absorber a personas de difícil acomodación en otros ministerios. Hoy, un alto porcentaje de su estructura de altos cargos, incluidos los puramente técnicos, está ocupada por civiles al servicio del partido de turno.
¡Siguen siendo los beneficiados del 23-F!
Todo. Todo de libro, diría Nicolás Maquiavelo. ¿De qué se sorprende, general?
Pero ya hemos cumplido los treinta años y un día de condena, la pena máxima de nuestro Código Penal.
Dejen tranquilas a las Fuerzas Armadas. No las líen con sus planes de estudios, ni con sus códigos de conducta. No necesitan comisarios políticos que les digan cómo deben ser sus museos. Dejen de empeñarse en hacerlas a imagen y semejanza de una clase política o sindical determinada. ¿No saben la distancia en valoraciones que reflejan las encuestas de opinión pública?
¡Dejen ya de sacarle réditos a una aciaga jornada que sufrimos todos, un 23-F hace treinta años y un día!
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Artículo publicado en "La Razón"