Podemos ha pasado, en Balears, de ser una formación clave para que la izquierda -léase el PSOE- pudiera gobernar en las Islas a cerrar con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Del estrepitoso hundimiento solo se salva la menorquina Cristina Gómez, única diputada del partido morado en el Parlament durante esta legislatura. El declive imparable se inició en las elecciones de 2019, cuando Podemos, con el juez Juan Pedro Yllanes como cabeza de lista, perdió cuatro de los diez diputados cosechados cuatro años antes.
El 2015, cuando se convirtió en la tercera fuerza política de Balears, dio apoyo externo al PSOE, reclamó la presidencia del Parlament y no entró en el Govern Armengol. Pero el 2019 se incorporó al Ejecutivo autonómico, con Yllanes como vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, mientras que la asturiana-menorquina Mae de la Concha asumió, encantada, la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La gran tribulación se consumó en las elecciones del 28 de mayo, cuando desapareció de los consells de Mallorca y Menorca -salvó un conseller en Eivissa- y pasó de seis a un diputado en el Parlament: la superviviente Cristina Gómez.
La dirección de Podemos en Balears presentó su dimisión en diferido, porque se aplazó a las generales. Antònia Jover ha desaparecido y ahora llega el momento de cerrar las sedes y aplicar el ERE. El partido que nació para luchar contra la casta ha sucumbido a la casta.
ESCUELA DE HOSTELERÍA
Nos encaminamos al sexto aniversario del anuncio-presentación del nuevo Centro de FP de Hostelería y Turismo en Ciutadella. El Govern ha previsto construirlo en la estación marítima del puerto urbano, que hoy carece de actividad.
La buena nueva de este necesario equipamiento docente fue alumbrada el 15 de febrero de 2018 por la entonces presidenta Francina Armengol en el transcurso de una visita a Ciutadella, que incluyó una gira por la estación marítima y, después, la presentación a profesores y entidades en el IES Mª Angels Cardona.
Todo pintaba muy bien: se promete una inversión de 3,2 millones de euros que transformará la estación marítima, sin uso ni función, en un Centro de Formación Profesional donde se impartirán ocho ciclos formativos relacionados con la hostelería y el turismo y capacidad para 320 alumnos.
Cuando ya han transcurrido más de cinco años, ni se han licitado ni adjudicado las obras. Y, por supuesto, desconocemos el calendario de ejecución, el equipamiento, la dotación de personal y cuándo entrará en funcionamiento.
En la extensa comitiva que acompañó aquel día a Armengol participaban, entre otros, la presidenta del Consell, Susana Mora, hoy consellera de la oposición; el conseller de Educación, Martí March, hoy alcalde de Pollença, al que pocas explicaciones se le pueden pedir; la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, hoy diputada del Parlament; Marc Pons, que era conseller del Govern y ahora ha emprendido una segunda etapa como diputado autonómico de la oposición.
Este nuevo centro -Armengol dixit- tenía que ser una realidad para el curso 2020-2021. Se ha incumplido reiteradamente este compromiso, y ahora mismo, la duda consiste en si podrá en servicio para el curso 2024-2025. Prácticamente imposible, conociendo los rápidos ritmos y los plazos de la administración autonómica.
Si los diputados Pons y Gomila piden, en el Parlament, explicaciones por la increíble demora que acumula este equipamiento docente, el nuevo conseller de Educación, Antoni Vera, tendrá la oportunidad de explicar qué ha ocurrido desde febrero de 2018.
POLÍTICOS MEDIOCRES
Analiza el periodista Javier Mato la adhesión del Govern Prohens al código ético que promovió el anterior Govern, lo que implica dar pública difusión a los bienes, valores, patrimonio, planes de pensiones, préstamos y vehículos de todos los altos cargos. «La publicación de estos patrimonios es, a todas luces, una puesta en escena», escribe Mato.
Las imposiciones se extienden incluso después del final del mandato. Durante dos años, según la Ley de Incompatibilidades, el político no podrá trabajar en nada que tenga que ver con su antigua actividad institucional, excepto los funcionarios, honrados por definición.
«Con estas exigencias -concluye Javier Mato- impedimos que la gente seria se incorpore a la política. Le quedarán muchas más humillaciones, empezando por el desprestigio social de este trabajo y estar sometido a cuanta tontería existe. Sometiéndolos a estas humillaciones, tratándolos como ladrones, pagándoles salarios ridículos por la responsabilidad teórica que tienen, es normal que tengamos políticos mediocres. Lo raro es que aún quede alguno de valía».
El apunte
Las preguntas de la semana
- ¿Cuándo aprobará el Consell los criterios para solucionar el «tema enquistado desde hace años» de los hortales?
- ¿Nombrará el próximo Consell de Govern a menorquines para los altos cargos que quedan vacantes en el Ejecutivo?
- ¿Cuándo se descongestionará el colapso en las ITV y se agilizarán las revisiones?
- ¿Cuántas cabezas de ganado vacuno tendrán que ser sacrificadas en Menorca por el aumento de costes y la baja rentabilidad de las explotaciones?
- ¿Cuántos expedientes de ayudas para instalar energías renovables ha encontrado sin tramitar ni pagar el nuevo Govern Prohens?