Santos Hierro: de 17 años de prisión a quince meses

Los once acusados y procesados en el ‘caso Multimedia’, entre los que se encuentran varios excargos del PSIB-PSOE -entre ellos el menorquín José Antonio Santos Hierro, que fue director general en el Govern Antich, y el exsenador Antonio Manchado, también exdirector general- han admitido en la Audiencia haber cometido varios de los delitos que les imputaban.

Al haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, consiguen una sustancial rebaja en las penas propuestas y evitan su ingreso en prisión. Ya han transcurrido diez años desde que cometieron los ilícitos penales por los que ahora han sido juzgados sin que se haya celebrado vista oral al haber cerrado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

El fiscal sostiene que ni él ni la acusación han modificado el relato de los hechos acreditados durante la investigación policial y judicial. Consiste en un fraude de más de 400.000 euros a la Tesorería del Govern balear mediante contrataciones ilegales para las que utilizaron la empresa Sociedad Multimedia, de titularidad pública, entre 2008 y 2011. Al cambiar los tipos penales consiguen eludir su entrada en la cárcel.

Así, han quedado en suspenso las penas privativas de libertad siempre y cuando no vuelvan a delinquir durante los próximos tres años y paguen a la Comunidad Autónoma todas las cantidades defraudadas.

Rebajas de las penas

Llama poderosamente la atención que -en aplicación de los atenuantes, las dilaciones por unos delitos cometidos el 2014 y la modificación de las calificaciones- el fiscal pasa de pedir penas que sumaban un total de 156 años de prisión a otras que alcanzan solo 10 años y medio.

De este modo, han visto rebajada su pena el exsenador socialista y entonces director general del Govern Antoni Machado, de 17 años de prisión a quince meses; el exlíder del PSIB en Calvià Francisco Cano, de 14 años a once meses; y el entonces director general José Antonio Santos, también de 17 años a quince meses.

Todos también han sido condenados a penas de inhabilitación. Santos y Manchado no podrán desempeñar cargos o empleos públicos por un plazo de siete años. En concepto de responsabilidad civil, ha escrito la magistrada, Santos Hierro ha de responder de forma solidaria o subsidiraria con hasta 174.241 euros y Antoni Manchado hasta los 86.467.

Quien a Hierro mata

En noviembre de 2014, Tomás Bordoy, en un artículo titulado «Quien a Hierro mata, a Hierro muere», describió la trayectoria de José Antonio Antonio Santos, que «creció bajo sombra del omnipresente PSOE-Mahón y tejió un entramado de contactos que le permitió situarse como hombre que vale para un roto y un descosido cada vez que el PSIB-PSOE acaricia la púrpura del poder».

Así, montó cooperativas de viviendas que compraban suelo público de Maó y después edificaba con el constructor local y exconcejal socialista Pedro Goñalons, y tras marchar a Mallorca fue gerente de Serveis Ferroviaris de aquella Isla en la legislatura de 1999 a 2003.

En la segunda legislatura de Francesc Antich, de 2007-2011, el fontanero Santos fue elevado a la dirección general de Coordinación Estratégica, a la vera del conseller menorquín Albert Moragues. Como consejero de la empresa pública Multimedia, creada para impulsar la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Balears, gestionó un presupuesto anual de tres millones de euros, que, al acabar el mandato, convirtió en nueve millones de deuda. Un agujero del 300 por cien. En julio de Anticorrupción fue imputado junto con los otros procesados.

Y de aquellos polvos, estos lodos, que se sustancian en una pena de prisión que el muy cuco Santos Hierro no cumplirá.

Últimas voluntades

Esta semana los obispos de las tres diócesis de Balears -Sebastià Taltavull, de Mallorca; Gerard Villalonga, de Menorca; y Vicent Ribas, de Ibiza, han presentado en Palma el documento de voluntades anticipadas. Su objetivo, subraya el obispo Gerard, consiste en garantizar plenamente los derechos y las decisiones de las personas al final de su vida.

Se trata -añade- de prepararse para el acontecimiento vital de la propia muerte, lo que implica recoger los deseos, preferencias y medidas de manera previa, o sea anticipada, par que se puedan aplicar.
Al ser un documento oficial, una vez que ha sido registrado en las oficinas del Govern balear, queda integrado en la historia clínica de cada persona. Los médicos que le atiendan cumplirán las preferencias y decisiones enunciadas.

El próximo mes de enero el obispo Taltavull cumplirá 77 años y concluirá la prórroga de dos años que le concedió el papa Francisco para seguir al frente de la Diócesis de Mallorca. ¿Habrá nueva moratoria?