La novedad de la semana la aporta el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Balears, Carlos Gómez, al afirmar que «ahora mismo hay un problema en los Juzgados de Ciutadella y su funcionamiento está cubierto por jueces que se desplazan desde Maó».
No se soluciona aquí «el problema» porque hay que recurrir a una comisión de servicio para que magistrados «de otras partes de España» dicten sentencias pendientes, siempre que las partes personadas en los procedimientos den su consentimiento.
Más dificultades: el magistrado-juez decano de Ciutadella, Sergio Martínez, titular del Juzgado de lo Social, está de baja y no se prevé que se reincorpore antes de su jubilación (?). Y como transitamos por los vericuetos de la Administración, la plaza no saldrá a concurso hasta que se haya retirado. Y mientras... un juez de la Sala de lo Social de Palma asume sus funciones.
Conclusión: como no hay jueces en Ciutadella hay que recurrir a funcionarios de Maó, Palma y la península. Algunas preguntas sin respuesta: ¿cuántos asuntos acaban prescribiendo, sobre todo en el Juzgado número 2 de Ciutadella, desbordado y saturado al tener asignados los casos de violencia de género?, ¿cuántas sentencias siguen pendientes?, ¿vulneran estos endémicos y reiterados retrasos la tutela judicial efectiva de los contribuyentes de Ciutadella que tributan y pagan el IRPF al Estado?
Esta tutela consiste en el derecho fundamental a acceder a la Justicia para defender derechos e intereses legítimos, y obtener una resolución motivada, justa y que se ejecute de manera efectiva. Y cuándo la resolución se demora o se retrasa su ejecución, ¿la sentencia es justa? Peor aún, ¿y cuándo no hay fallo judicial?
25 AÑOS DESPUÉS
Hay tres grandes cuestiones que Ciutadella no ha sabido resolver durante los últimos 25 años: la construcción del nuevo edificio judicial, dotar a la ciudad con una estación de autobuses mínimamente digna -los apeaderos en la Avinguda Josep Mascaró Pasarius deshonran la ciudad- y ampliar el suelo industrial.
La hemeroteca nos remonta al mandato del alcalde Pau Lluch (1999- 2003) para releer anuncios y promesas que la tramontana se llevó. Ahora nos dicen que el proyecto del edificio para los juzgados ha sido aprobado «quedando únicamente pendiente la publicación del concurso de ejecución de obras». ¿Únicamente? Hay que licitar, adjudicar y ejecutar... Al ritmo de la Administración el horizonte más optimista es el 2028, si todo va bien.
La sempiterna ampliación del suelo industrial nos trajo el jueves este anuncio: «L’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat l’expedient per a la contractació del servei de redacció d’una actualització del projecte d’urbanització del sector B-9 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)». Estupendo, pero, cómo preguntaría el gran Josep Pla, estupefacto tras observar la ciudad de Nueva York convertida en una ascua de luz: I tot això, qui ho paga? Así como cuándo estará contratado y redactado el proyecto, y cuándo se llevará a cabo la urbanización de estos terrenos.
Por cierto, ¿qué se sabe del proyecto de recogida de aguas pluviales del Polígono de Ciutadella y ampliación del Sector B-9 presentado en julio del año pasado?
105 DÍAS DESPUÉS
La semana nos depara otros acontecimientos. 105 días después de haber sido nombrada, toma posesión la directora insular de la Administración del Estado, Clara Mayans; la Fundació Rubió contará con el exministro Josep Borrell en el acto de apertura del curso; la Guardia Civil de Balears celebrará en Menorca este año, por primera vez en su historia, la festividad de la patrona, la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, en Fornells. Y dos concejalas del equipo de gobierno de Ciutadella, ambas del PSOE -Regina Muntaner Fernández y Pilar Seguí Mascaró- continuan sin delegaciones ni áreas de gestión asignadas.
MONTOBBIO Y EL GRAPO
Ciutadella homenajea a José Ignacio Montobbio Jover (1915-2008), el señor de los libros de la Petita Biblioteca Menorquina de Son Vives, con una muestra dedicada a esta colección en Can Saura y la conferencia del investigador Miquel Àngel Limón.
Hay un hecho, acaecido en noviembre de 1984 en Barcelona, del que el jurista y bibliófilo nunca quiso hablar. José Ignacio fue secuestrado por cuatro jóvenes de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Montobbio fue puesto en libertad tras pagar un rescate de cinco millones de pesetas. Dos hombres y dos mujeres irrumpieron en su despacho profesional, amenazaron con sus armas a los presentes y se llevaron, retenido, al abogado vinculado a Menorca por su matrimonio con Margarita Martorell de Sintas.