Con el inicio el pasado 25 de septiembre de unas obras polémicas en la carretera Maó-Ciutadella se pone de manifiesto nuevamente la inversión de dinero público en grandes infraestructuras innecesarias con el único fin de seguir inyectando fondos a las grandes empresas de la construcción.
La obra actual, en el tramo de 10 kms entre Maó y Alaior, va a dilapidar 30 millones de euros construyendo cuatro rotondas en dos niveles para el cambio de sentido en un momento de crisis donde estas cantidades bien podrían dedicarse a otros capítulos presupuestarios. Pero lo que hace especialmente grave esta obra es su absoluta innecesaridad que puede demostrarse en la poca sustancialidad de su justificación. Los argumentos esgrimidos por el Consell Insular de Menorca –promotor del proyecto- en relación con que estas medidas mejoran tanto la seguridad viaria, reduciendo la siniestralidad, como la actividad económica de la Isla al reducir los tiempos de traslado entre las poblaciones, se desmontan fácilmente con consideraciones técnicas .
La siniestralidad no se reduce sólo con grandes infraestructuras como se demuestra con estudios de movilidad que en cambio sí hablan de mejorar zonas concretas con pequeñas actuaciones de mínimo impacto ambiental y visual sobre el territorio y sobre todo con políticas de menor tolerancia con los excesos de velocidad, con el alcohol o las drogas u otras de carácter administrativo o legal (carnet por puntos, consideración de delito en determinadas infracciones, etc.) que ya han demostrado su eficacia y con el fomento y la implementación del transporte público, con una siniestralidad menor por kilómetro recorrido.
La utilización de rotondas en las carreteras tiene una relación más estrecha con la distribución del tráfico que con la reducción de los tiempos de traslado entre poblaciones como sostiene el Consell pero es que, además, la economía no se mejora tan sólo con grandes infraestructuras sino con el estudio y la valoración de todos los sectores económicos existentes en la Isla que necesiten de las inversiones que se hacen en aquellas y la presentación de alternativas a las dinámicas económicas actuales.
Pero en realidad la problemática planteada no es técnica, sino política. Se ha decidido modificar el proyecto ganador del concurso con la inclusión de unas rotondas que no estaban contempladas inicialmente y que además generarán unos costes de mantenimiento superiores. Se ha actuado en contra del informe técnico de la Comisión de Medio Ambiente que valoraba negativamente esta actuación . Se ha tomado finalmente una decisión en base a la existencia de unos fondos estatales encuadrados en inversiones en infraestructuras, dejando de lado otras consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de adoptar aquella y que han sido una y otra vez expuestas por una parte importante de la sociedad menorquina sin que en ningún caso hayan sido mínimamente atendidas. Entre ellas destaca fundamentalmente el hecho de que la Isla es Reserva de la Biosfera desde hace más de 20 años atendiendo a sus peculiaridades paisajísticas y la sostenibilidad de sus actividades económicas y que este tipo de obras no responde al carácter de integración con el entorno que debe prevalecer en ellas.
Por tanto, desde el Área de Medio Ambiente no tratamos de cuestionar la mejora de la carretera Me-1, pero sí el cómo se hace, evaluando sus consecuencias económicas, ambientales y paisajísticas. El paisaje es uno de los recursos patrimoniales más importantes de la Isla, desarrollado a lo largo del tiempo en equilibrio entre la actividad económica y la propia evolución natural, integrando aquella en su entorno y respetando por tanto su fisonomía. En cambio las grandes infraestructuras, como es el caso de estas rotondas, no se integran si no que provocan un impacto visual y paisajístico muy reseñable, además de un elevado consumo de territorio y, si son innecesarias, como es el caso que nos trae aquí, un despilfarro de dinero público.