En varias zonas de España, especialmente en las islas, la situación de los alquileres ha alcanzado un punto crítico. La falta de regulación de precios permite a los propietarios establecer tarifas desproporcionadas sin considerar ni el entorno ni el estado de las viviendas. Mientras que en grandes ciudades como Madrid los inquilinos pueden acceder a infraestructuras adecuadas, sistemas de transporte público, educación, comercios y servicios, en muchas áreas más aisladas, como algunas zonas de las islas, estos servicios simplemente no existen en invierno. A pesar de esta diferencia, los precios en ambas áreas son similares y en las Islas Balears incluso más altos que en grandes ciudades.
Por ejemplo, en ciertas zonas aisladas se llega a pedir 800 euros al mes por un apartamento de 60 metros cuadrados, incluso cuando no hay supermercados, panaderías, ni siquiera un transporte público básico. Durante el invierno, estas zonas carecen de actividad y servicios esenciales, pero los precios de alquiler se mantienen altos. En lugar de ajustar los precios para hacerlos asequibles, los propietarios prefieren dejar las viviendas vacías hasta el verano, cuando pueden aprovechar el turismo y ganar aún más dinero. Además, imponen condiciones abusivas: muchos exigen que los inquilinos permanezcan un mínimo de seis meses, con la amenaza de retener la fianza si abandonan antes. Esto coloca a los inquilinos en una situación de total desventaja.
Las agencias inmobiliarias también colaboran en esta dinámica. Cobran una comisión considerable por contratos de alquiler que en teoría debería asumir el propietario, añadiendo más cargas al inquilino. Y, además, estos contratos no ofrecen ninguna flexibilidad ni mejora en las condiciones de las viviendas, que a menudo presentan problemas de aislamiento, ventanas viejas y mobiliario anticuado. Aún así, se espera que los inquilinos acepten las condiciones sin quejarse, como si tuvieran que estar agradecidos por tener un techo, recordando la mentalidad de hace años con los empleos: «si no te gusta, hay muchos más que aceptarán sin protestar».
Esta situación refleja una clara falta de derechos y opciones para los inquilinos, quienes se ven obligados a aceptar condiciones injustas o renunciar a una vivienda. Es urgente que las autoridades competentes implementen un sistema de regulación de precios justo y razonable, que tenga en cuenta la calidad de las viviendas y los servicios de cada zona. De esta forma, el acceso a la vivienda se haría más justo y los inquilinos podrían vivir con la seguridad y estabilidad que merecen.