Gobierno y oposición lograron ponerse de acuerdo ayer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para consensuar un acuerdo que insta al Ministerio de Justicia a mantener la actual estructura orgánica y funcional de los partidos judiciales en Balears.
La iniciativa partió del PSOE y Més-PSM; pero finalmente se pactó un texto conjunto tras una enmienda presentada por el PP. Este pronunciamiento institucional constituye una reclamación conjunta ante el informe elaborado por el grupo de expertos al que ha encargado el ministro Alberto Ruiz Gallardón las propuestas para reformar la actual Ley de Demarcación y Planta Judicial.
El documento contempla la concentración de instancias judiciales de primer grado en las capitales de provincia. Pero el hecho insular, en el caso de Balears, resulta determinante para respetar y mantener la actual estructura de la Administración de Justicia, por lo que carece de sentido unificar sedes judiciales en Palma. En territorios geográficamente diferenciados, como son las Balears, no se puede aplicar el mismo criterio general de comunidades en tierra continua. Situaciones desiguales exigen respuestas desiguales.