La nueva Ley de Financiación de los Consells Insulars -que el Govern ha pactado con las cuatro instituciones insulares- no logra poner de acuerdo a gobierno y oposición. Mientras el PP destaca el acuerdo alcanzado, que acaba con el sistema de los anticipos a cuenta, PSOE y PSM afirman que es un retroceso al considerar que los consells van a recibir menos recursos.
Cuestiones de este calado exigen un pacto que pasa por reconocer los errores y aciertos de cada parte. Es cierto que la nueva financiación era una asignatura pendiente desde el 2007, que no supo afrontar ni resolver el anterior Govern del Pacte, pero también hay que admitir que, por su menor peso demográfico en el conjunto del archipiélago, Menorca ingresa menos. Tadeo se plantó y logró que la nueva ley incremente la cantidad garantizada para el Consell de Menorca, que pasa de 26 a 33,7 millones; y que Menorca reciba 271 euros por habitante, 56 más que la media de Balears. La cuestión capital es garantizar la suficiencia financiera de los consells, que no debe estar sometida a convenios ni bestretes. Para ello, es imprescindible cambiar el actual sistema de financiación, que perjudica a Balears y a los consells.