El borrador del anteproyecto de decreto, redactado por el Govern balear, que desarrolla la nueva Ley General Turística, suscita importantes dudas al cuestionar las competencias transferidas al Consell de Menorca en materia de ordenación turística. Este reglamento, que durante quince días, y en plena temporada turística, somete el Ejecutivo autonómico a exposición pública para que se puedan presentar alegaciones, abre un importante debate sobre las funciones que corresponden a los consells insulars.
Desde 1996, corresponde al Consell de Menorca ejercer y desempeñar las competencias en ordenación turística, que ahora no se pueden ver constreñidas ni disminuidas por un decreto del Govern.
Es cierto que nos hallamos ante un borrador del anteproyecto, y que por tanto es susceptible de ser ampliamente modificado, pero se impone una necesaria y rápida clarificación que exige el respeto a los ámbitos competenciales de los consells insulars. En esta línea, el Consell de Menorca, que reclamó y consiguió una regulación específica para la vivienda turística vacacional, debe hacerse valer para que sean respetadas todas sus facultades.