El titular de la Conselleria de Turisme del Govern, Jaime Martínez, ha tenido que explicar el contenido del anteproyecto de decreto que desarrollará la Ley General Turística ante las dudas y críticas que ha suscitado. En el caso de Menorca, centradas en torno a las competencias de Ordenación Turística, que gobierno y oposición en el Consell reclaman sean respetadas para que las siga ejerciendo la institución insular.
La reacción de la Conselleria, al prorrogar el plazo de presentación de alegaciones, evidencia la precipitación con la que se quiere aprobar este decreto, de enorme trascendencia para regular la principal actividad económica de las Balears.
Estas prisas podrían explicar la confusa redacción del articulado en lo relativo a los alquileres turísticos, donde el conseller Martínez afirma que no se podrán dificultades para su comercialización, aún cuando mantiene -solo para las casas entre medianeras- la exigencia de autorización de los vecinos.
Una reglamentación tan compleja debe ser fruto del acuerdo entre todos los actores implicados porque la industria turística consta hoy de tantos aspectos que exigen un tratamiento específico y en profundidad.