El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsa una reforma para aplicar un drástico recorte en el número de cargos aforados en España, que pasaría de los 17.621 actuales a apenas veintidós. La propuesta exige cambios en la Constitución, todos los estatutos de autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La modificación dejaría con un rango especial en los procedimientos judiciales a la Familia Real, el presidente del Gobierno; los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y los presidentes de las comunidades autónomas.
El actual blindaje del que gozan determinados cargos públicos es exagerado, empezando por los mismos jueces y fiscales -colectivo que acumula el mayor número de aforados- y continuando por los políticos. El principio de igualdad ante la ley no se puede vulnerar con la generalización de este trato que no está justificado. No es admisible cuando se trata de rendir cuentas por haber cometido presuntas irregularidades.
Es cierto que aforamiento, que es percibido como un privilegio, no se puede confundir con impunidad. La cuestión es cómo llevar a la práctica la propuesta de Ruiz-Gallardón.