El reducido grupo de profesionales que integran la Fiscalía Anticorrupción de Balears ofrece, al cumplirse los diez años de su creación, un extraordinario balance en la lucha contra las actuaciones delictivas de algunos responsables de las principales instituciones de las Islas. Durante este década han abierto más de medio centenar de casos, un treintena de políticos han sido condenados y 50 millones de euros han sido recuperados para las arcas públicas.
La tarea de los funcionarios del Ministerio Público, que está siendo ingente, provoca una catarsis social, que ha sido posible gracias al trabajo realizado por los jueces, la Policía Judicial y la Agencia Tributaria.
La labor de Anticorrupción ha sido decisiva para descubrir comportamientos inaceptables, saqueo de recursos públicos para el enriquecimiento personal y la financiación fraudulenta de formaciones políticas. Los fiscales han sido criticados por fomentar las acusaciones contra terceros a cambio de pactos y rebajas penales, una práctica legal no siempre bien entendida. Pero el balance global es muy satisfactorio al haber creado una nueva conciencia en los servidores públicos que nunca se debería haber perdido.