Las discrepancias del fiscal general del Estado con el Gobierno han aflorado con la dimisión de Eduardo Torres-Dulce. Cuestiones como el 'caso Gurtel', que ha acabado provocando la salida de la ministra Mato, y la querella contra el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, por la consulta del 9 de noviembre, son algunas de las cuestiones donde se han producido estos desacuerdos.
La renuncia de Torres-Dulce constituye un portazo por las ingerencias gubernamentales en el trabajo de los fiscales, aunque se quiere justificar con el eufemismo habitual de las artificiosas «razones personales». El fiscal general debe explicar los verdaderos motivos de su drástica decisión.
Aunque existe una dependencia jerárquica de la Fiscalía General respecto al Gobierno, la tarea que desempeña requiere actuar con criterios de independencia para garantizar el cumplimiento de la legalidad. Torres-Dulce ha tratado de defender el papel y las competencias de los fiscales en un tira y afloja que acabado con su escrito de dimisión. La situación había alcanzado límites insoportables porque los intereses políticos no pueden condicionar las decisiones de la Fiscalía.