El PSOE presentó ayer, por segunda vez, la propuesta de paralizar las obras de la carretera general, al menos en sus puntos más polémicos, hasta después de las elecciones. Aprovecha, en este caso, la petición de la UTE adjudicataria de una suspensión temporal parcial mientras se analiza la revisión de precios que ha planteado la empresa.
La adjudicataria Dragados-Antonio Gomila mantiene ahora un ritmo muy lento en el desarrollo de las obras, cuando los motivos que alega para solicitar la suspensión temporal afectan a zonas muy concretas, lo que no impide mantener una mayor actividad en la obra.
La reforma de la carretera ha sido objeto de un amplio debate. Es cierto que se mantiene una importante contestación social, pero suspender los trabajos hasta después de las elecciones podría multiplicar los problemas. El primero ante el Ministerio de Fomento, puesto que la obra debería haber finalizado el pasado 31 de diciembre, por lo que fue necesario conseguir una prórroga. El coste de suspender la actividad podría superar los 8 millones de euros, según un informe que el Consell remitió al Juzgado cuando se solicitó una suspensión cautelar que no fue aprobada.