Los presupuestos del Consell insular para el 2016 –los primeros que ha elaborado el nuevo gobierno tripartito formado por PSOE, Més per Menorca y Podemos- confirman que la hacienda de la primera institución política menorquina está cautiva, en manos del Govern balear, porque dos de cada tres euros del total de los ingresos son aportados por la Comunidad Autónoma.
Las mejoras que incorpora la nueva Ley de Financiación de Consells insulars –con el fondo de convergencia y el fondo de compensación interinsular- no incrementan el poder de decisión y gestión del Consell, que nació como administración de Régimen Local con la supresión de la Diputación de Balears y después, con el Estatut d'Autonomia, pasó a ser institución autonómica.
Aún cuando el Estatut define a los consells como «instituciones de gobierno» de cada isla que «ejercen su gobierno, la administración y la representación», lo cierto es que su actual concepción en la arquitectura político-administrativa de la Comunidad Autónoma no les permite actuar como auténticos gobiernos insulares. Esta legislatura, en la que por primera vez los partidos insularistas y menorquinistas tienen peso e influencia en todas las instituciones de Balears, debe otorgar a los consells insulars toda la capacidad política, la fuerza y el liderazgo que les corresponde.