Esta semana ha celebrado su primera reunión, en Madrid, la comisión mixta formada por una delegación del Ministerio de Hacienda y otra del Govern balear para la revisión de la Ley del Régimen Especial de Balears. La Constitución reconoce la insularidad como un hecho diferencial que debe ser tenido en cuenta para establecer el equilibrio económico entre los territorios de España.
El artículo 138.1 de la Constitución establece que el Estado garantiza el principio de solidaridad mediante el equilibrio en las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular al hecho insular. El hecho de la insularidad impacta sobre la sociedad, la economía y la competitividad de las empresas de Balears. Somos una región insular y esta realidad geográfica provoca unos sobrecostes que deben ser compensados y bonificados. Porque los ciudadanos de Balears debemos acceder a los mismos derechos y oportunidades que quienes residen y trabajan en la península.
Precisamos la unidad de acción de la sociedad civil, entidades e instituciones porque la compensación de estos costes constituye una vital cuestión de estado para toda Balears.