Las formaciones políticas que apoyan al actual Govern de Pacte quieren pactar la modificación sustancial de un conjunto de leyes que fue aprobada por el anterior Govern del PP. Un paquete legislativo que afectó a los sectores turísticos, agrario y a la ordenación del territorio.
El espíritu liberal de aquellas normas permitía ampliar alturas en establecimientos turísticos, legalizar construcciones en suelo rústico y ampliar la oferta comercial y de alojamiento en las explotaciones agrícola-ganaderas. Unas leyes que motivaron la protesta de entidades conservacionistas y los partidos que ahora desempeñan responsabilidades de gobierno, aunque hubo casos, como la Ley Agraria, aprobada con el consenso del sector.
En las modificaciones que ahora se pretenden introducir debe imperar la sensatez y la mesura. Si hay normas que propicien agravio o injusticia, deben ser derogadas, pero sin comprometer la viabilidad de la planta hotelera ni la necesaria rentabilidad del campo. Importantes inversiones esperan el nuevo marco legislativo que puede aprobar el Parlament, lo que exige soluciones imaginativas para frenar el desarrollismo sin castigar el progreso.