Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron ayer con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, deportar a Turquía a todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios, que alcancen las costas de Grecia. Como contrapartida, la UE se ha comprometido a incrementar en 3.000 millones de euros las ayudas a Turquía, promover la supresión de los visados de sus ciudadanos en Europa y reactivar su adhesión a la UE.
Estos acuerdos no han contado con ninguna objeción relevante, a pesar de que el texto solo incluye referencias genéricas al estudio individualizado de las peticiones de asilo y el rechazo a las expulsiones colectivas. Una solución inaceptable, que constituye un parche. Esta respuesta muestra la incapacidad de la UE para resolver una catástrofe humanitaria y expresa la despreocupación por el futuro de centenares de miles de personas bloqueadas en Turquía. Mientras la situación de los refugiados es cada vez más insostenible, en los países europeos conviven la solidaridad con las actitudes xenófobas. Estos últimos criterios se están imponiendo con un resultado decepcionante por la falta de compromiso de la UE.