El Gobierno central se ha puesto celoso con el Impuesto de Turismo Sostenible. Ahora reclama que sea gravado con un diez por ciento de IVA. Con esta exigencia, los turistasy residentes deberán pagar un triple tributo: el IVA por los servicios que reciben, el impuesto autonómico y este 10 por ciento añadido. Constituye un abuso, porque Balears no recurre a la ecotasa por voracidad recaudatoria, sino para mantener la calidad de la oferta y consolidarse como un destino turístico puntero.
Madrid, en cambio, lo hace por puro afán recaudatorio y para demostrar quién manda y quién tiene controla los recursos públicos. Ante esta absurda triple imposición, no cabe otra opción que la resignación de una comunidad mal financiada con un déficit fiscal que asfixia la tesorería de la Comunidad.
El nuevo impuesto, que ha creado y va a gestionar el Govern balear, supone un avance del autogobierno al contar con más recursos y mayor capacidad para articular una política turística propia. Pero el Gobierno central pone trabas y dificultades al transformar un avance en un problema. Madrid debe aceptar que una autonomía laboriosa y emprendedora pueda levantar el vuelo.