El 23 de junio expira la moratoria vigente en Balears para la aplicación de la norma europea que exige la conexión a la red de alcantarillado como requisito necesario en el trámite administrativo de concesión de licencia de obra a un solar. La prórroga de esta suspensión está generando una fuerte tensión entre los integrantes del Govern del Pacte. Més ya se ha posicionado en contra e incluso ha desautorizado al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, de su formación política, que había alcanzado un acuerdo con el PI. El problema que se está gestando adquiere enormes dimensiones políticas, sociales y económicas.
Frenar la concesión de licencias en los solares que no disponen de red de saneamiento supone una desvalorización patrimonial para miles de ciudadanos, paraliza el sector de la construcción, hunde el mercado inmobiliario y corta los ingresos del IBI para los ayuntamientos al afectar unos terrenos que quedarían desclasificados como urbanos.
Es preciso fijar un calendario para resolver una situación insostenible. Al mismo tiempo, el Govern no puede favorecer un colapso económico que algunos están empeñados en propiciar.