La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears denuncia hoy la paralización de proyectos en el archipiélago que en conjunto suman 300 millones de euros. Esta organización profesional atribuye directamente a los ayuntamientos y consells insulars este colapso, provocado por las dudas e incertidumbres de los cambios en las normativas, planeamientos y leyes. Los resultados consisten en una gran inseguridad jurídica, la dificultad de ejecutar proyectos ya tramitados, afectados por los cambios de gobierno, y la fuga de inversiones hacia otras comunidades.
En el caso de Menorca, un año después de la constitución del actual gobierno tripartito insular, aún se desconoce qué ocurrirá con la Norma Territorial Transitoria aprobada durante el anterior mandato, si será derogada de forma íntegra o parcial, y en este caso qué artículos serán anulados. Ejemplos como este no facilitan ni incentivan la actividad económica porque quienes promueven proyectos de inversión carecen de garantías por los constantes cambios en las reglas de juego.
Govern balear, consells insulars y ayuntamientos han de actuar con más rapidez, eficacia y sin crear dudas ni confusiones.