La balanza fiscal evidencia el abuso que padecen los ciudadanos y las empresas de Balears en su relación con el Gobierno central. Solo en 2013, en plena crisis, el archipiélago aportó 1.511 millones de euros para financiar al Estado y autonomías con resultados positivos. Estos datos son la regla que confirma la mala financiación de Balears; una realidad que asfixia las arcas autonómicas, que obligan a crear nuevos impuestos e incrementar la presión fiscal en las islas.
Balears es, después de Madrid, la comunidad que más aporta las arcas estatales. Nosotros debemos avanzar con nuestras propias fuerzas, con una insuficiente dotación que impide acometer inversiones necesarias. El Govern arrastra una deuda de 5.300 millones con el Gobierno central y adeuda otros 8.400 millones a los bancos. ¿Se nos puede exigir, además, una 'solidaridad' de 1.500 millones anuales con otras regiones?
Los ciudadanos y empresas de Balears ayudamos a sostener un Estado cuyas estructuras deben ser revisadas y exigen otro modelo de financiación. En nuestro caso, un régimen específico, como el que ya disfrutan el País Vasco y Navarra, plenamente justificado por el hecho y los costes de la insularidad.