Las entidades menorquinas implicadas en la atención a los discapacitados han denunciado los retrasos y deficiencias de la Conselleria de Servicios Sociales del Govern balear para realizar las valoraciones de las personas con distintos grados de discapacidad. Una situación que afecta a 500 menorquines, con casos pendientes de resolución desde febrero pasado, según desveló ayer el diputado David Martínez, de Podemos-Menorca, en el Parlament.
Las personas que padecen el retraso del Govern necesitan la valoración de la discapacidad para obtener ayudas y becas, y también para acceder a contratos de trabajo y pensiones. Muchos de ellos precisan unos recursos que no pueden obtener.
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, atribuyó estas demoras a las bajas de dos profesionales -un médico y un psicólogo- y señaló que se ha logrado reducir la lista de espera, tras admitir que los retrasos superan los seis meses.
El Govern ya tuvo que prorrogar un año la valoración de quienes debían ser atendidos entre agosto de 2016 y julio de 2017. Unos plazos excesivos que provocan repercusiones negativas y serios problemas a los afectados y sus familias.