Es evidente que no se ha llevado a cabo una buena gestión de los pisos del Ibavi. El 51 por cien de quienes obtuvieron la concesión de una vivienda pública tienen recibos pendientes de pago, hasta un importe global en Menorca de más de 250.000 euros. Si no pudieran pagar y eso lo certificaran los servicios sociales, el impago podría justificarse, pero el problema es que esta es la consecuencia de una mala o nula gestión por parte de la Administración. El anterior Govern eliminó la delegación del Ibavi en Menorca, despidió al personal y desplazó de forma periódica a funcionarios de Mallorca para atender los trámites. De esa desestructuración del servicio se producen estas consecuencias.
La vivienda es uno de los temas sociales más sensibles. No tiene sentido que haya personas que no pagan el alquiler pudiendo hacerlo y que 303 familias que necesitan un piso permanezcan en lista de espera. Por tanto, hace bien el actual Govern en investigar cada caso y gestionar las soluciones.
Por otra parte, hace ya más de cuatro meses que se publicó la lista de los adjudicatarios a una de las 63 viviendas vacías. Solo se han adjudicado cuatro. Una demora excesiva.