La aprobación, en plena crisis del Govern del Pacte, del anteproyecto de ley para regular el alquiler turístico vacacional ha coincidido con la difusión del informe, elaborado por PIME-Menorca, sobre la realidad social y económica de las viviendas turísticas. La principal conclusión de este estudio consiste en que suponen el 29,50 por ciento de la oferta de alojamiento en la Isla, con 21.243 plazas distribuidas en 4.166 viviendas.
El Govern ha tardado casi dos años en presentar una propuesta para ordenar una actividad que está teniendo un gran impacto. Una vez superado el trámite parlamentario, con la aprobación de la ley, Consells y ayuntamientos tendrán ocho meses para determinar las zonas de Menorca donde se autoriza la vivienda turística.
Una ley que nace con mal pie para Menorca, al haber desestimado el Govern las cuatro alegaciones del Consell, entre la que sobresale, por su trascendencia, el reconocimiento de una singularidad normativa para Menorca. PIME también expresa su desacuerdo, al calificarla como una 'nueva moratoria'. Este año no estará regulado el alquiler turístico, para el que Menorca debe exigir -y conseguir- un tratamiento específico.