El anteproyecto de la Ley Agraria que ha redactado el Govern se articula desde el buenismo y al mismo tiempo desde un excesivo intervencionismo público. Deja en una posición muy difícil a numerosos pequeños propietarios, expuestos a recriminaciones y sanciones, porque deberán dedicar sus fincas a actividades en lugar de otros usos, como el alquiler turístico.
Esta nueva normativa, si llega a ser aprobada, dejará los pequeños titulares contra las cuerdas porque deberán cumplir una estricta reglamentación y cultivar unas tierras con escasísima o nula rentabilidad económica. El cumplimiento estricto de esta nueva ley acarreará pérdidas e invita directamente a los propietarios a vender unas fincas que son fruto de herencias o bien han pertenecido a generaciones anteriores.
La conselleria de Medio Ambiente y Agricultura, que dirige Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, plantea objetivos utópicos e impide reformas o ampliaciones de los edificios ya construidos. No pueden mejorar sus activos, pero están obligados a invertir y cultivar. Este proyecto no garantiza que toda las fincas rústicas generen beneficios, muy al contrario, porque los propietarios están maniatados.