El Gobierno de Mariano Rajoy quiere dar visibilidad a su presencia en las comunidades, tanto en el ámbito competencial como de contrapoder político a los respectivos gobiernos autonómicos. En Balears la delegada del Gobierno, María Salom, es la cara visible de esta nueva estrategia, que rompe con el papel secundario de sus predecesores en este cargo.
El cambio no ha pasado desapercibido en el Govern, que lo observa con recelo. En la dinámica impulsada desde La Moncloa subyace la necesidad de contrarrestar la pérdida de peso político del PP tras los últimos comicios. El Gobierno, aunque en minoría, es el bastión que el Partido Popular quiere rentabilizar dando un mayor peso político a sus delegados territoriales. La función administrativa da paso a un papel más político, que en Menorca corresponde desempeñar a Javier López-Cerón. Pero el Ejecutivo no debe violentar el equilibrio institucional plasmado en la Constitución, porque España es un estado organizado en autonomías. Debe fluir la colaboración y la lealtad institucional en Palma entre la delegación y el Govern, y en Menorca entre la dirección insular del Estado y el Consell insular.