La oleada de peticiones de información que el Govern de propietarios de casas destinadas al alquiler turístico confirma la incertidumbre y el desbarajuste que ha suscitado la ley para regular esta actividad económica. El pleno del Parlament debe validar el lunes el decreto que se vio obligado a aprobar el Govern del Pacte para corregir un texto legislativo de imposible aplicación. La moratoria de alquileres de chalés y adosados ha incrementado las dudas.
La Conselleria de Turismo debe transmitir mensajes claros y precisos que tranquilicen y den seguridad a los propietarios ante las elevadas sanciones que se anuncian y porque ahora no pueden dar de alta sus inmuebles por la moratoria.
Nadie cuestiona que era preciso ordenar un mercado que se había descontrolado, pero debe hacerse con eficacia jurídica, sentido común y criterios que no susciten desconfianza ni desconcierto. También debe evitar el Govern pleitos y reclamaciones, porque la ley de alquiler turístico de Balears no puede vulnerar normas estatales y europeas ya en vigor.
Al mismo tiempo, Menorca debe consolidar una regulación específica que tenga en cuenta nuestra realidad insular.