La aplicación del artículo 155 de la Constitución implicará la suspensión de la autonomía de Catalunya con los ceses de Puigdemont y Junqueras así como el resto de consellers, aunque el Estatut continuará en vigor y no será clausurado el Parlament. El Gobierno de España se hará cargo de la gestión de la Generalitat durante un máximo de seis meses. Es la respuesta al desafío independentista catalán que ha articulado el Gobierno Rajoy con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, aunque en este partido ha abierto brechas y tensiones, como ya se observa en el PSIB-PSOE y el Govern balear.
La independencia de Catalunya, que se pretende construir sobre un referéndum que carece de validez y legalidad, tiene un elevado coste. La Unión Europea no apoya a la Generalitat ni a aquellos, que de buena fe, se creyeron que era posible la salida unilateral para crear, de la noche a la mañana, la república catalana. Lo peor es la crispación civil y el enfrentamiento social, así como el impacto económico, con la salida de centenares de empresas, la caída del consumo y los puestos de trabajo que peligran. Puigdemont tiene la oportunidad de salvar el autogobierno de Catalunya si convoca elecciones. Es la salida.