El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha huido del conflicto que ha creado en Catalunya y de la querella criminal que ha presentado la Fiscalía. El político independentista no ha logrado justificar su presencia en la capital belga, que responde a la intención de internacionalizar la controversia y como medida preventiva frente a las graves consecuencias judiciales a las que deberá hacer frente en breve.
Puigdemont critica la aplicación del artículo 155 que podría haber evitado de haber convocado las elecciones autonómicas. Al mismo tiempo reitera su desconfianza en la Justicia española. En un incomprensible ejercicio de funambulismo político, reivindica su cargo y rechaza la intervención de la Generalitat, pero admite la convocatoria, efectuada desde el Gobierno central, de los comicios autonómicos para el 21 de diciembre. La triple tensión generada por el conflicto catalán en la sociedad, la economía y la política está lejos de rebajarse. En un alarde de agilidad procesal, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya ha citado a Puigdemont y los consellers de su Ejecutivo disuelto. Una urgencia que suscita toda clase de interpretaciones.